El PP acusa a Almunia de permitir ilegalidades en la rehabilitación del Castillo del Palacio de los Luna financiado por el Gobierno aragonés

No autorizar las obras y obligar al derribo de una parte de la rehabilitación. Así de tajante se expresa el acuerdo adoptado el pasado mes de abril por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón, respecto a las reformas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Illueca en la recuperación del Castillo Palacio de los Luna. Una prohibición que, sin embargo, llega tarde; cuando la rehabilitación del edificio ya está totalmente concluida.

Esta “situación permanente de descontrol” es la que ha llevado al portavoz de Cultura del Partido Popular en las Cortes de Aragón, José María Moreno, a solicitar la comparecencia en la Cámara de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Eva Almunia, donde deberá ofrecer explicaciones sobre “cómo ha sido posible que el Gobierno de Aragón financie la actuación en un Bien de Interés Cultural sin el preceptivo permiso del propio gobierno, y en segundo lugar, qué medidas va a adoptar la consejera para remediar esta ilegalidad manifiesta” señaló el diputado ‘popular’.

ACTUACIONES ILEGALES

El Castillo Palacio de los Luna está catalogado Monumento Histórico Artístico desde 1931 y Bien de Interés Cultural desde hace casi veinte años. A partir de 1982 se inician las labores de restauración a través de varias fases, la última en agosto de 2003 a iniciativa del Ayuntamiento de Illueca, con la finalidad de adaptar el ala derecha del castillo para hospedería. La comisión de Patrimonio Cultural decidió, dos meses más tarde, desautorizar la propuesta municipal al considerar que el proyecto de intervención vulneraba varios artículos de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés. En concreto, los añadidos propuestos para la reconstrucción, según afirma la Comisión, ‘alteran claramente la estructura formal y tipológica del edificio preexistente’ además de incumplir la norma que establece que ‘las obras y demás actuaciones en los Bienes de Interés Cultural irán preferentemente encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad’.

Tampoco obedecía el proyecto de rehabilitación a la obligación de explicar el destino de los bienes muebles contenidos en el Monumento, al tiempo que incumplía el régimen legal de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma.

ILEGALIDADES QUE EXIGEN EXPLICACIONES

“Todas estas ilegalidades exigen explicaciones inmediatas de la consejera” aseguró José María Moreno, que argumentó dos razones “primero, cómo es posible que nadie se entere de estas ilegalidades, y segundo, por qué no se han paralizado inmediatamente esas obras”.

“Lo que está claro –afirmó el diputado ‘popular’- es que alguien del departamento que dirige Eva Almunia miró para otro lado y dio el visto bueno para que el Gobierno concediera las ayudas económicas”. En este sentido, el portavoz ‘popular’ manifestó que “de no ser corregido inmediatamente, estamos ante un peligroso precedente dado que cualquier ayuntamiento que tenga un BIC en su término municipal puede actuar saltándose las leyes de protección del Patrimonio, sin temor a posibles repercusiones, lo que generaría un situación de anarquía en la rehabilitación y conservación del patrimonio cultural aragonés”.

El diputado ‘popular’ situó la actuación del anterior consejero de Cultura y actual viceconsejero de Presidencia, Javier Callizo, como “el origen de las chapuzas culturales en la Comunidad, pues en menos tiempo es difícil superar tanto despropósito” en clara referencia a la “desastrosa gestión” llevada a cabo en las rehabilitaciones del Teatro Fleta, La Mantearía, el yacimiento celtíbero de Botorrita, la delimitación del yacimiento del Cabezo de la Cruz, el Archivo provincial y general de Aragón, el museo Beulas, el Centro Dramático, Sigena o la Orquesta Sinfónica, entre otros, “cuestiones que la consejera ha heredado pero que, lamentablemente para los aragoneses, no sabe resolver”.