El PP exige al Gobierno de Aragón que actúe ante el derribo del Seminario

José María Moreno, portavoz de Cultura del Partido Popular en las Cortes de Aragón, reclamó hoy al Gobierno aragonés que actué ante la demolición del ala este del Seminario de Zaragoza, realizada por el ayuntamiento de la capital aragonesa, que no contó con la obligada autorización previa para realizar este tipo de trabajos.

La petición del diputado popular se basa en un precedente de este mismo año, de mayo de 2006, cuando el director general de Patrimonio del Ejecutivo aragonés, Jaime Vicente, sí inició un procedimiento de inspección por el derribo del Castillo de Venta de Ballerías, en Huesca, argumentando la posible comisión de un delito sobre el patrimonio histórico.

“En el caso del Seminario estamos ante una situación similar” declaró José María Moreno “puesto que sólo había permiso para trabajar en una parte del edificio y, sin embargo, la demolición se extendió hasta la llamada Zona de Estudio, para la que se exigía expresamente un nuevo consentimiento de la DGA que nunca llegó a solicitarse”. Además, recordó que el director general había advertido al Ayuntamiento de Zaragoza la obligación de contar con autorización previa para cualquier obra que se ejecutase en la Zona de Estudio.

Así, el portavoz popular de Cultura consideró “ineludible” una “actuación inmediata” de la dirección general de Patrimonio sobre este inmueble protegido, además teniendo en cuenta la irregularidad que supuso que la orden de demolición se efectuara verbalmente y no por escrito, como requieren este tipo de actuaciones.

SÍ SE ACTUÓ EN EL CASTILLO DE BALLERÍAS

Aunque con un retraso de cinco meses el Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno aragonés sí inició un procedimiento de inspección, que concluyó con una denuncia de Patrimonio ante el Ministerio Fiscal, contra un particular por el derribo y destrucción de la casi totalidad del Castillo de Venta de Ballerías atendiendo a un requerimiento realizado por la Comarca de Monegros.

Para Moreno “igual que el Gobierno de Aragón actúa contra particulares debe proceder contra las instituciones que incumplen las reglas y, en este caso, que las administraciones autonómica y local están gobernadas por los socialistas es de esperar que los intereses de Partido no prevalezcan sobre los intereses generales y la Diputación General actúe”.